Pescanova

Desde que Pescanova construye el «Lemos» (1961), el primer buque congelador del mundo, hasta hoy, la compañía ha pasado por varias crisis, si bien la presente es quizás la más seria de las vividas. Envuelta en un mar de incertidumbres en torno a deuda millonaria -asciende a 2.500 millones de euros según los datos de Centro de Información de Riesgos del Banco de España, de los que 1.600 millones corresponden a la matriz-, las miradas se focalizan en una «cuestionada gestión» por parte de su equipo directivo, con especial atención en la figura de Manuel Fernández de Sousa, heredero natural de su padre y fundador, José Fernández López.

La deriva que está tomando la situación de Pescanova, en preconcurso de acreedores desde el pasado 1 de marzo -el jueves anunciaba la presentación del concurso voluntario-, tiene su origen en una disputa que trasciende hasta lo personal. Solo así se podrían entender los mensajes cruzados entre algunos miembros del consejo. El control de una multinacional cuya rentabilidad no está en duda -en los nueve primeros meses del año 2012 obtuvo un beneficio neto de 24,9 millones de euros, facturó 1.149 hasta el pasado mes de septiembre- toda vez se despeje la incógnita que se cierne sobre su pasivo, es un caramelo en dulce para cualquier empresario, máxime si se está acostumbrado a hacer de las debilidades su propia fortaleza. Es el caso de Demetrio Carceller, presidente de Damm y uno de los principales accionistas de la pesquera. Según apuntan quienes conocen bien al empresario catalán sus intenciones se encaminarían a dejar vía libre, apartando a Sousa, para que los alemanes de Oetker -con una participación accionarial del 25% en la cervecera- se hagan con Pescanova.

Maniobras interesadas
Estos «sospechosos movimientos», según las fuentes consultadas, para hacerse con el timón de la compañía de referencia en el sector a nivel europeo vienen de lejos, si bien se hacían oír por primera vez en el consejo celebrado el pasado 27 de febrero, momento en el que Pescanova se ve en la obligación de comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que no presentará sus cuentas. No tarda en trascender que la familia Carceller, en alianza con el fondo Luxempart, -entre ambos poseen cerca de un 12 por ciento de los títulos de la firma- se habían negado a suscribir los números, precipitando la presentación del preconcurso. Es entonces cuando ya no hay motivo para disimular las fuertes discrepancias surgidas entre dos de los principales accionistas de la compañía y su presidente. A éstos se sumaba poco tiempo después José Antonio Pérez Nievas (representante de Iberfomento, con un 3,39%).

Mientras la empresa sigue acumulando días de suspenso bursátil, se ha dejado en el parqué más de 300 millones de euros -cotizó por última vez a 5,9 la acción, precio que otorga a Pescanova una capitalización inferior a los 170 millones de euros, muy por debajo de los 500 alcanzados antes de la crisis-, queda claro que la guerra se libra en el seno de un consejo cuyas tensiones empresariales son públicas. Un pulso férreo entre Fernández de Sousa -que cuenta con el apoyo mayoritario del consejo- por mantener la galleguidad de la firma y los hermanos Carceller, liderando a los díscolos, al acecho de un coloso. Una pugna que se traduce en cifras. Así es que mientras que el primero tendría asegurado el control, de forma directa o indirecta, sobre 25% del capital de la compañía -a título propio le pertenece el 14% -, en el caso del empresario catalán este elevaría su participación a cerca de un 20%, con 40 millones en instrumentos convertibles. A mayores, el fondo luxemburgués posee el 5,837% equilibrando la balanza.

Obligada se presenta la pregunta de qué esconden ciertas maniobras, las mismas que han puesto sobre la pista a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que mantiene abierta una investigación para determinar «la existencia de posibles indicios de comportamientos de abuso de mercado por parte de Pescanova, de sus administradores o de terceras personas». A buen seguro los movimientos gestados por algunos de los consejeros, así como nuevos inversores como Silicon Metals y Capital Research, que una semana antes del preconcurso declararon una participación del 8,4% en la gallega, serán fiscalizados con mano férrea.

Nuevo blindaje
El empresario gallego fue el primero en mover ficha y el último en decidir sobre el futuro más inmediato de la compañía al anunciar el pasado jueves, tras un tenso consejo de casi trece horas, la solicitud del concurso voluntario de acreedores que solo afectará a la matriz -la empresa queda en manos del juez-. Lo hacía ante la imposibilidad de lograr un acuerdo con los bancos y el riesgo de un mayor deterioro de su situación financiera. Pero, ¿con qué objetivo? Es la pregunta del millón que, según fuentes consultadas por ABC, encuentra fácil respuesta. Por un lado, se blinda ante la posibilidad de que algún proveedor solicitase el forzoso, y durante el proceso, se detectase alguna irregularidad por la que los gestores tuviesen que responder con su propio patrimonio; por otro, lo hace guiándose de sus asesores legales -CSM Albiñana & Suárez de Lezo y Lener-. Las mismas fuentes apuntan que ambos despachos habrían aconsejado a la compañía acogerse al concurso como medida de protección y para para tratar de preservar «la continuidad empresarial». En definitiva, tal y como la firma comunicaba al regulador bursátil: «Salvaguardar los derechos e intereses de sus trabajadores, acreedores y accionistas, así como la gestión continuada de la empresa».

Una medida con la que no todos los consejeros estuvieron de acuerdo -siete votaron a favor y cinco en contra-. No deparó sorpresa alguna la oposición al concurso de José Carceller, hermano del presidente de Damm en quien Pérez-Nievas delegó su voto al encontrarse de viaje; François Tesch, que representa a Luxempart; o Yago Méndez, hijo del exdirector general de Caixa Galicia, que es consejero dominical y no posee acciones propias. Tampoco la postura de Antonio Basagoiti, a quien se le presenta un conflicto de intereses. El expresidente de Banesto mira por el Santander, uno de los principales acreedores de la multinacional gallega.

El financiero es la apuesta del pool bancario para pilotar la compañía, en sustitución de Sousa -su mandato expira el próximo 23 de abril y su renovación como presidente dependerá del dictamen de la junta de accionistas el próximo mes de junio-. No obstante, fuentes cercanas a Basagoiti aseguran a ABC que las aspiraciones del empresario madrileño no van en esta línea.

La banca, molesta
Los consejeros díscolos entendían que se podía llegar a un acuerdo con las entidades si se desvelaban las cuentas, extremo que no se produjo en contra de lo que estaba previsto y que ha molestado mucho a los bancos. La decisión de entrar en concurso les obliga de partida a provisionar un 25 por ciento de todos los créditos y hasta el 100% si la situación no se resuelve antes de doce meses. Las entidades españolas dicen no entender el nuevo viraje tomado desde Chapela, pues habían manifestado su voluntad de ayudar a la pesquera si esta permitía a KPMG -auditora impuesta por la banca- acceder a la información. No obstante, Pescanova ya dejó claro que quiere negociar un convenio que permita salvar la empresa.

Desconfianza en BDO
Mientras, los números siguen sin cuadrar. Este viernes, en el plazo máximo que le dio la CNMV, Pescanova entregaba un balance sin auditar, insuficiente a ojos de la Comisión; no tanto por el balance en sí, sino por la información complementaria solicitada, tal y como ha podido confirmar este diario. La empresa, después de diez años trabajando con BDO, ya no confía en su auditor. Así lo aseguran a ABC fuentes conocedoras del proceso de reformulación de las cuentas -la multinacional llegó a reconocer discrepancias contables entre sus libros y la deuda real-.

Lo cierto es que la imagen de BDO, que nunca antes discrepó de su contabilidad (es más, llegó a comunicar a la empresa en días previos al concurso que emitiría un informe favorable tanto para la matriz como para el grupo), es una de las que sale más perjudicada. Su trabajo ha quedado en entredicho, de ahí que Pescanova pidiese al juez la revocación del contrato a la firma, contra la que no descarta una demanda alegando que «no hizo bien su trabajo». A partir de ahora, será un auditor «forensic» -Price o Deloitte, según ha podido saber ABC- especializado en fraudes financieros y económicos, el que, a petición propia de la compañía, se encargue de revisar las cuentas.