El Estado de bienestar tal y como lo conocemos hoy en día ya no es viable. Esto ha quedado bastante claro. Una pirámide poblacional invertida y una tasa de paro del 25% son factores que lo hacen insostenible. Los números ni salen ni saldrán si no se ponen en marcha reformas estructurales de calado, profundas.

Desde el estallido de la crisis financiera, los políticos -tanto de un signo como del otro- se han conformado con la microcirugía, con la esperanza de que unos pequeños retoques sirvan para contentar a nuestros acreedores: que si cerramos plantas de hospitales, que si dejamos de pagar a los geriátricos, que si reducimos las becas a los estudiantes… Todos ellos gestos de cara a la galería para que desde fuera afirmen ‘sentirse impresionados con las medidas adoptadas por España’. ¿Quién puede asegurar lo contrario si se adoptan medidas de ese tipo?

La realidad, en mi opinión, es otra. Hasta el momento los políticos se han refugiado en la anécdota para evitar entrar en otros asuntos más importantes en términos de coste. Hablemos, por ejemplo, de la lucha contra la corrupción -expliquemos cuánto le cuesta al ciudadano la corruptela-, abordemos el modo en el que se financian los partidos, justifiquemos por qué se les dice a los españoles que no hay 200 millones de euros para subvencionar la minería local y el gasto en personal contemplado en los PGE para 2013 crece un 1,2% respecto al año anterior, hasta los 27.670 millones de euros.

Por si esto fuera poco, los medios de comunicación –cumpliendo su deber- sitúan el foco en algunas situaciones escalofriantes que ponen los pelos de punta al ciudadano que ha visto cómo sus gobernantes suben el IVA, recortan los servicios y congelan las pensiones. ¿Cómo puede el común de los mortales comprender que en la actual situación económica un concejal del Ayuntamiento de Burgos se gaste 207.000 euros en teléfono? ¿Acaso es razonable? ¿No es esto un claro indicativo de que algo no funciona? Por lo pronto, el hecho de que el individuo en cuestión haya afirmado no haber hecho daño a nadie muestra el poco respeto que determinados gobernantes tienen por el erario público.

Los grandes males que aquejan a la economía española parten de una política negligente. 1) El elevado déficit en el que ha incurrido el país (desgravación de los 400 euros, planes ‘E’, subvenciones a industrias que nada tienen que ver con la economía productiva…) se explica en buena medida por una gestión nefasta. 2) La situación del sistema financiero responde fundamentalmente a la descapitalización de las cajas de ahorro, entidades dirigidas por políticos. 3) El excesivo gasto que generan cada año las autonomías se explica básicamente por un clientelismo que conduce al despilfarro. Lo malo de todo esto es que para acabar con ello hay que apelar a la valentía política. Poner en marcha reformas enfocadas a atajar estos problemas supondría un alto coste para el propio partido, menos cargos a repartir y, en última instancia, pérdida de votos.

Quitar todo este exceso de grasa no va a resultar fácil. De no hacerlo, sin embargo, el Gobierno español corre serio riesgo de que ocurra lo mismo que en Italia. Allí los líderes europeos le dijeron a Silvio Berlusconi algo así como: ‘hasta ahora nos lo hemos pasado muy bien juntos, pero la situación es demasiado seria como para dejarte al frente del chiringuito’. Consecuencia: imposición de un tecnócrata como primer ministro con la suficiente energía como para impulsar las reformas que necesita el país sin temor al coste político. Efectos: fuertes recortes de gasto público y reducción del personal de la Administración Pública para evitar la subida del IVA. He ahí la gran diferencia de la que deberían tomar nota nuestros dirigentes. En lugar de tocar al ciudadano, tal vez un buen ejercicio sea empezar por uno mismo… Funds people